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El «emperador» de la trama china de blanqueo de capitales, que ha podido defraudar decenas de millones de euros al fisco, y cuya caída se ha llevado por delante a 106 personas, entre supuestos secuaces, intermediarios y empresario que se aprovecharon de la red, ya es un hombre libre con cargos.
Gao Ping salió este jueves de la cárcel de Villena, en Alicante, tras pasar 44 días en prisión preventiva tras su arresto, el 16 de octubre de madrugada. Un «error» judicial en la prórroga de la detención, que el juez «acata pero no comparte», provocó su excarcelación y la de otros 11 cabecillas de la trama, entre ellos su mujer, la «emperatriz» Yang Lihzen, y su lugarteniente Li Haibo, que dirigía el aparato de extorsión, según los investigadores.
La puesta en libertad de los acusados, sin embargo, no les saldrá gratis. El instructor del caso, Fernando Andreu, les impuso estrictas medidas cautelares a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Ante el evidente temor a su fuga, ordenó la retirada de sus pasaportes, comparecencias diarias de 9:00 a 14:00 horas en su juzgado de la Audiencia Nacional y prohibición expresa de abandonar el territorio nacional.
En cualquier caso, las excarcelaciones han provocado un pequeño terremoto en la Audiencia Nacional, más si cabe por la magnitud de la operación contra el blanqueo de capitales. Por un lado están el juez Andreu, los fiscales anticorrupción y la policía; y del otro, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal (órgano superior), presidida por el magistrado Alfonso Guevara, que declaró ilegal la orden de prisión de uno de los cabecillas, Kai Yang, por haberse excedido el plazo máximo de detención, que son 72 horas.
Sin cobertura legal
Tras la puesta en libertad la semana pasada de Kai Yang y de otros tres detenidos, sólo era cuestión de tiempo que los abogados de Gao Ping y del resto de los cabecillas pidiesen su excarcelación por el mismo motivo, ya que también fueron enviados a prisión sin cobertura legal.
Los días siguiente llegaron los recursos, contrarrecursos e incidentes de nulidad planteados por la Fiscalía, en un intento a la desesperada por 'salvar' la situación. Pero todos ellos fueron rechazados por la Sección Tercera entre duras críticas. Finalmente, al juez Andreu no le quedó otro remedio que dejarles libres.
Para un instructor de la talla de Andreu, reconocido defensor de las garantías judiciales de los detenidos, este ha sido un golpe muy duro. Él argumenta que el plazo de puesta a disposición judicial comenzó el 18 de octubre y no el 16, con el inicio de los registros y las detenciones.
Y es que fue la primera fecha cuando la policía comenzó a pasar a los 106 arrestados ante el juez. Pero para la Sección Tercera el tiempo comenzó a correr desde la madrugada del 16 de octubre. Entonces, ¿fue un «error» judicial o la doble interpretación de una ley? Esa es la duda que en los próximos días tratarán de resolver los 19 magistrados del pleno de la Sala de lo Penal. |
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发表于 2012-11-29 22:00:19
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