TERESA DOMÍNGUEZ VALENCIA Un empresario chino de Manises ha puesto en jaque a todos los distribuidores y vendedores de cigarrillos electrónicos, el último negocio-pelotazo del mercado español, con una idea simple, pero genial: ha registrado el diseño industrial de todos los modelos que se comercializan en nuestro país, así como de todos los elementos y accesorios que rodean a esta moda recién eclosionada.
De momento, acumula 137 registros, tal como se puede comprobar en la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el organismo público que regula la propiedad industrial en nuestro país, "pero llegaremos a las 250", explica uno de los colaboradores de Yi Hu Wang Ji, dueño de un emporio del todo a euro con 18 tiendas distribuidas por distintos puntos de Valencia y su área metropolitana.
¿Qué significa ser dueño de, por ahora, esos 137 diseños industriales? La ley, que data de 2003 y hunde sus raíces en una norma de 1929, lo deja claro: "Da derecho a su titular a impedir cualquier acto de explotación del diseño, como la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación, la exportación o el uso o el almacenamiento para estos fines, del producto que incorpore un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, aunque ese diseño haya sido creado independientemente".
En pocas palabras, que a partir de ahora, que Wang Ji es la única persona con capacidad legal para vender esos cigarrillos en España, salvo que quien quiera hacerlo llegue a un acuerdo con él que pasa por la cesión temporal del uso del diseño registrado por el empresario manisero, previo pago de la módica cantidad de 250 euros por tienda y mes en contratos anuales renovables.
La cifra que puede embolsarse Wang Ji es delirante, habida cuenta de la explosión de negocios de este tipo en los últimos tres meses por toda España. De momento, hay unas 3.000 tiendas repartidas por el territorio nacional que comercializan los elementos necesarios para el nuevo fumador de vapores con reminiscencias tabaquísticas bajo el nombre comercial de unas 300 franquicias, en su mayoría italianas, francesas y alemanas. La cuenta es fácil, aunque Wang Ji se muestra dispuesto a negociar.
La idea no es nueva. A principios del verano, un antiindependentista castellonense afincado en Girona dio una bofetada emocional a sus contrarios al registrar el diseño industrial de hasta diez variantes de la estelada, la bandera independentista catalana. El ejemplo es válido a medias, porque la propiedad sobre un diseño industrial, que habla de la apariencia externa de un producto y no de su modelo de utilidad -el invento en sí mismo desde el punto de vista técnico-, está vinculada a su puesta en el mercado, a un fin comercial.
Amparado por la ley
De hecho, los 137 diseños industriales que atesora Wang Ji a fecha de hoy le confieren el derecho exclusivo a utilizarlos e impedir su utilización por terceros sin su consentimiento, lo que incluye el derecho a excluir a otros de fabricarlos, ofertarlos, importarlos exportarlos y comercializarlos. Así consta en que cada uno de los certificados que la OEMP le ha otorgado entre finales de septiembre y el 21 de octubre.
La ley es clara. Un producto se puede comercializar sin haber registrado su diseño industrial, pero, si esa mercancía lleva menos de un año en el mercado y alquien lo registra, pasa a ser dueño y señor del mismo a efectos de venta -es independiente por completo de quién y dónde lo fabrique, o de quién fue su diseñador original-. Y la protección ha de registrarse en cada país.
Wang Ji aprendió la lección hace cinco años. Importó 100 contenedores de patinetes de dos ruedas. Cuando empezó a distribuirlos, llamó a su puerta un empresario español y le explicó que no podía poner ni un solo patinete a la venta porque él había registrado el diseño industrial del producto con antelación. El importador de Manises se negó a pagarle y los cien contenedores acabaron precintados.
Ahora, se ha hecho con la exclusiva de los cigarrillos electrónicos, "aunque sólo de los elementos que lo forman y de sus accesorios, no de las esencias", matiza. Y pretende rentabilizar la inversión (unos 350 euros en tasas por cada certificado-título de diseño industrial) o bien cediendo el derecho a comerciar con ellos de todos sus competidores, o bien cerrándoles el negocio más lucrativo de los últimos meses.
El Gobierno, dispuesto a equiparar el cigarrillo electrónico con el tabaco
El Gobierno se ha mostrado dispuesto a regular los cigarrillos electrónicos equiparándolos a la compra y consumo del tabaco, según se desprende de una respuesta parlamentaria dirigida a la diputada de CiU, Lourdes Ciuró.
La nacionalista catalana se interesaba entre otros puntos por las medidas que tiene previsto emprender el Gobierno en cuanto a lacompra y consumo de cigarrillos electrónicos por parte de los menores, ya que actualmente no está regulado, y los menores de 18 años pueden comprar este tipo de productos.
Así, el Ejecutivo reconoce que estos productos no cuentan con una regulación sanitaria específica y se les vienen aplicando distintas leyes en el ámbito de la UE que no guardan relación con la regulación de productos del tabaco propiamente dicho.
Además, el Gobierno da apoyo a lo adoptado por el Parlamento Europeo el pasado 9 de octubre, de forma que dichos cigarrillos electrónicos deben regularse como productos de tabaco en la nueva directiva sobre esta materia, lo que permitirá una "evaluación de la calidad, la seguridad y la eficacia que permitirá tomar medidas sobre el conocimiento real de los productos".
A su vez, el Gobierno reconoce que son "productos considerados problemáticos al no haber sido evaluados por las autoridades en ningún país", lo que ha llevado al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco a crear un grupo de trabajo para determinar los componentes añadidos a dichos productos y la composición de los humos.
Una petición en el CongresoDe hecho, CiU ha pedido ya al Gobierno en una proposición no de ley en el Congreso que realice las modificaciones legislativas pertinentes para regular la comercialización y consumo de los llamados cigarrillos electrónicos, así como la elaboración, junto con las comunidades autónomas, de campañas divulgativas y educativas sobre su uso y posibles consecuencias para la salud.
Según apuntan, los estudios son "contradictorios e insuficientes" y expertos en salud pública aseguran que estos cigarrillos contienen sustancias como el glicerol o el propilenglicol, que pueden ser cancerígenas.
Además, señalan que miembros de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica han advertido recientemente que este tipo de cigarrillos contienen algunas sustancias idénticas a las que llevan los cigarrillos convencionales y en consecuencia pueden causar cambios en los pulmones a corto plazo muy parecidos a los que se producen al fumar tabaco normal.
No sirven para dejar de fumarPor otro lado, los nacionalistas catalanes indican que tampoco está certificado, como alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2008, que sirvan para lo que los usa mucha gente: abandonar el hábito de fumar.
A nivel normativo, CiU insiste en que no hay directiva común, aunque Europa ya prepara una que tardará tiempo en hacerse efectiva ya que por ahora sólo hay una propuesta de la Comisión que debe pasar por el Consejo y el Parlamento Europeo.
No obstante, ha indicado que Reino Unido ha anunciado que a partir de 2016 este producto será tratado como un medicamento, con todas las pruebas previas y requisitos que esto supone, mientras queFrancia decretó a finales de mayo la prohibición de su uso en los lugares en los que no se puede fumar tabaco. Italia anunció recientemente que lo quiere prohibir en las escuelas.
El PSOE también lo ha pedidoPrecisamente, el PSOE también ha registrado una iniciativa en el Congreso para pedir la regulación de estos cigarrillos, dado que son dispositivos con forma de cigarrillo convencional que liberan determinadas dosis de nicotina, sin mediar combustión sino a través de un proceso de calentamiento electrónico de la nicotina.
Según denuncian los socialistas, la nicotina es un producto adictivo de consumo humano, por lo que su uso debe estar regulado. Su situación legal en la Unión Europea es poco clara, ya que no es un producto de tabaco, pero tampoco ha pasado los filtros de los productos farmacéuticos, a pesar de contener nicotina.
No hay normativa en EspañaEn el caso de España, avisa de que este vacío legal permite su compra en centros comerciales, en tiendas especializadas o a bordo de un avión de una compañía 'low cost'.
"No hay ningún tipo de normativa sobre su consumo en lugares públicos, se pueden ver jóvenes fumando cigarrillos electrónicos en las bibliotecas. Es más, ni siquiera se prohíbe su venta a menores. En conclusión, esta falta de regulación permite estar comercializando productos que contienen nicotina sin autorización ni control previo", lamenta CiU en este sentido.
Dudas sobre su efectividadEsta misma semana se conocía un estudio por el que el 90% de los fumadores ha dejado de fumar tabaco por completo gracias a la utilización del cigarrillo electrónico, según un estudio realizado por la Universidad de East London, en Reino Unido.
Unos datos que, según ha señalado la Asociación Nacional Española de Vapeadores (ANEV), si se extrapolan a España muestran que el cigarrillo electrónico podría ayudar a evitar cerca de 45.000 muertes anuales en España.
A falta de una regulación en vigor y las dudas que pesan sobre su efectividad, la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha distribuido esta misma semana una instrucción sobre el uso del cigarrillo electrónico en centros sanitarios, centros docentes y centros dependientes de bienestar social, en cuyos espacios se desaconseja su utilización. La instrucción está motivada por elprincipio de precaución previsto en la Ley de Salud Pública.
No obstante, desde la Generalitat catalana se ha ido más allá y,a finales de noviembre, la Agencia de Salud Pública de Cataluña (Aspcat), organismo de la Generalitat, anunció su intención de adaptar los cigarrillos electrónicos a la Ley Antitabaco vigente, para lograr durante 2014 que no se puedan fumar en ningún espacio cerrado público o privado, con un anteproyecto de ley que se debatirá en el Parlament.
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